El concepto de “precios de vigilancia” (surveillance pricing) es solo una parte de un problema y modelo de negocio mucho más amplio: las corporaciones que maximizan sus ganancias invadiendo nuestra privacidad. El modelo de negocio, demasiado común, consiste en recolectar, ordenar y almacenar sistemáticamente la mayor cantidad posible de nuestros datos personales, para luego monetizarlos mediante su uso y venta. En el caso de los precios de vigilancia, esto se traduce en que las corporaciones ofrecen el mismo producto a dos personas distintas a dos precios distintos, según la información personal que hayan recolectado. Por eso EFF apoya la AB 2654, presentada por el asambleísta Chris Ward, que prohíbe esta práctica dañina. 

Como organización con sede en San Francisco, a EFF le dio mucho gusto saber que la Junta de Supervisores de San Francisco también había presentado una resolución en apoyo a esta legislación. Sin embargo, nos decepcionó saber que, desde entonces, la Junta de Supervisores de San Francisco ha postergado la votación de la resolución que expresaba su propio respaldo a la AB 2654, luego de recibir un correo electrónico de la Cámara de Comercio de San Francisco en el que se criticaba el proyecto de ley recurriendo a objeciones ya desgastadas y desmentidas. Le hemos enviado a la Junta de Supervisores una carta pidiéndoles que reconsideren su postura.

Prohibir los precios de vigilancia sería beneficioso para las personas consumidoras. La FTC ha determinado que las empresas fijan precios más altos según la información personal disponible. La FTC descubrió el año pasado que, por ejemplo, si a una persona consumidora se le identifica como madre o padre primerizo, es posible que se le muestren de forma deliberada termómetros para bebé con precios más altos en la primera página de los resultados de búsqueda dentro de una aplicación, según su código postal residencial y el horario de la compra. Repitamos esto: el propio gobierno de EE. UU. ha determinado que las empresas podrían usar los precios de vigilancia para cobrarles más dinero a madres y padres que buscan un termómetro en plena madrugada, en un momento de necesidad.

La privacidad es un derecho humano, no algo que las personas deban entender como una moneda de cambio que se entrega o se protege según cómo eso afecte el precio de la despensa. EFF se ha opuesto durante mucho tiempo a los esquemas de pago por privacidad, en los que una empresa cobra un precio más alto a quien se niegue a que sus datos personales sean procesados. Los precios de vigilancia son otra versión de esa misma práctica. Nadie debería tener que preocuparse de que sus derechos de privacidad dependan de cuánto dinero gana.

En un momento en que los precios de los productos de uso cotidiano siguen subiendo, quienes defienden los precios de vigilancia señalan que el uso de información personal podría derivar en precios más bajos para algunas personas consumidoras. Sin embargo, algunos estudios recientes indican que habrá quienes ganen y quienes pierdan, según factores como si la persona consumidora puede o está dispuesta a cambiar de producto. Quién gana y quién pierde también dependerá de la exactitud de los datos utilizados; sin embargo, los precios de vigilancia suelen basarse en información falsa.

Dicho esto, incluso si los precios de vigilancia tuvieran la capacidad de generar precios más bajos (algo que en la práctica rara vez ocurre), nos oponemos a esta práctica por ser simplemente otra manera en que las corporaciones intentan hacer que las personas paguen por su privacidad.

Las preocupaciones de la Cámara de Comercio de San Francisco quedan plenamente resueltas en el propio texto de la AB 2654. La Cámara plantea dudas sobre cómo las empresas cumplirán con la ley. Pero el proyecto de ley es bastante claro: “un comercio minorista no deberá aplicar precios de vigilancia”. También ofrece una definición clara de qué constituye un “precio de vigilancia”. La práctica prohibida se define como: “[i] un precio personalizado de un producto para una persona consumidora específica o un grupo de personas consumidoras, [ii] basado, total o parcialmente, en información de identificación personal recolectada mediante vigilancia electrónica”, incluso si esa información “fue obtenida de un tercero”. En otras palabras, un “precio de vigilancia” es un precio personalizado basado en información personal.

La carta de la Cámara de Comercio de SF también pregunta sobre el “tratamiento que da la ley a los descuentos y programas de fidelización”. También en este punto, la AB 2654 es bastante clara. El proyecto de ley incluye tres excepciones amplias que garantizan que no se afecten los programas de fidelización ni los descuentos:

• Primero, las diferencias de precio “basadas únicamente en los costos asociados con proveer el producto a distintas personas consumidoras”.
• Segundo, un descuento ofrecido a una persona consumidora que está en proceso de dar de baja un servicio.
• Tercero, un descuento, publicado de forma visible en el sitio web de un comercio minorista, que esté disponible de manera uniforme según (1) criterios que cualquier persona pueda cumplir, como suscribirse a una lista de correo, (2) la pertenencia a un grupo definido de manera amplia, como las personas adultas mayores, o (3) la participación en un programa de fidelización.

Un descuento opcional para personas adultas mayores en el cine no es el problema. El problema es la recolección sistemática de toda nuestra información personal para determinar si alguien es una persona adulta mayor y, de serlo, si debería pagar más o menos por esa función. 

Como señalamos en nuestra publicación de blog en la que explicamos nuestro apoyo a este proyecto de ley:

Los precios de vigilancia son muy similares a la publicidad conductual en línea, una práctica comercial que EFF exhorta a los gobiernos a prohibir. Ambas prácticas incentivan a todas las empresas a recolectar la mayor cantidad posible de nuestros datos personales, para luego monetizarlos. Ambas prácticas llevan a algunas empresas a ordenar y almacenar nuestros datos en expedientes sobre nosotros para usarlos posteriormente. Ambas prácticas usan estos expedientes basados en vigilancia para manipular y limitar nuestras decisiones económicas, alterando los anuncios y los precios que vemos en línea.

Instamos a la Junta de Supervisores de San Francisco a sumarse a la coalición de organizaciones que respaldan la AB 2564, y a manifestarse en contra de las empresas que extraen nuestra información personal para cobrarnos precios distintos por lo mismo. 

Puedes leer nuestra carta a la Junta de Supervisores aquí.